Dictadura o democracia


Al gobierno anterior, hay que reconocérsele que derogó una concesión basándose en el Convenio 169.

Ha sido interesante ver las reacciones en contra de las consultas efectuadas en Sipakapa y Río Hondo. Cuando los ciudadanos hacen uso de un derecho establecido en las leyes del país y la respuesta es negativa, se levantan los defensores del status quo.

¡Ah!, pero véalos usted citar una y otra vez el “No” de la consulta popular relacionadas con las reformas constitucionales. En aquella propuesta, los legisladores metieron la mano más allá de lo establecido en los acuerdos de paz y aunque ese rechazo fue en contra de esas reformas, se extiende mañosamente el resultado y dice que fue en contra los acuerdos.

Cuando los mismos habitantes hacen uso de la resistencia legítima establecida en la Constitución, el Estado sale a reprimirlos.

En el caso de Sipakapa, este gobierno fue el primero en violar el Convenio 169, que es ley vigente. Que el asunto es continuación de una violación de la administración anterior o que ese Convenio no nos gusta, es asunto aparte. La ley es ley y si no se aplica en otros países tampoco quiere decir que aquí se incumpla con ella.

Al gobierno anterior, al menos, hay que reconocérsele que en el caso de la exploración y explotación de recursos naturales en el Lago de Izabal, se tuvo que echar para atrás y derogó aquella concesión basándose en el Convenio 169 y normas constitucionales.

En el acuerdo gubernativo 171-2002, considerando 3 se dice expresamente: “Que Guatemala como país miembro de la Organización Internacional del Trabajo, es signataria del Convenio 169 en cuyo artículo 15 se establece que los recursos naturales deben protegerse especialmente, y proyectarse su conservación en consenso con los pueblos que habitan las regiones donde existan tales recursos” (énfasis agregado).

Portillo, con todo lo corrupto que se le señala, tuvo la decencia de firmar ese acuerdo derogatorio. Remarco la palabra “señala”, porque este gobierno más parece su cómplice, ya que a pesar de todo lo que se dice de él, no hace nada por enjuiciarlo.

Con esta administración, supuestamente más comprometida con la democracia, a puro tubo se quiere defender intereses privados. Por lo visto, Berger y adláteres promueven más la dictadura. Le dan más importancia a lo que se decide en una oficina gubernamental antes de lo que opinan los habitantes y sobre eso, hacen una apología a la violación de la ley.

MAN KAJMABAL TA LO rilik, usik’ixik chi e k’o ajchomanelab kibisobaj ri kibanom kan kimam, kitat. Chi kiwach, are ta utz weta qawinaqil man kiyak ta kitzij. Kakaj taj are’ chi qawinaqil xaq kimaltioxij ri itzelal kaban che ri ulew kamaq’ilaj. K’o kut jun chi kixo’l karaj ta ne kux uk’amal be amaq’.

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