De la consulta


El fortalecimiento del estado de Derecho no es una opción, sino una obligación gubernamental.

Como siempre, las leyes del país se tratan de burlar cuando favorece a determinados sectores. En el caso minero de San Marcos, se violó el artículo 15 del Convenio 169 y ahora con la aprobación del TLC por parte del Congreso se trata de pasar sobre el artículo 173 de la Constitución Política. Aquí hay que deslindar el aspecto ideológico si se está a favor o en contra de dicho tratado. Me refiero al aspecto legal.

El paro nacional del lunes pasado es consecuencia de la manera dictatorial con que el gobierno toma decisiones de trascendencia nacional. Con el disfraz de práctica democrática el Gobierno está minando el estado de Derecho.

Si el TLC no es el tan malo como dicen sus defensores, que se cumpla entonces con lo que manda la Constitución y se realice la consulta respectiva. Que si ésta debió hacerse antes de la aprobación por parte del Congreso, todavía queda la posibilidad que mediante un recurso de inconstitucionalidad se traiga todo para abajo.

Lo importante es cumplir con la legislación vigente, porque si no, carece de sentido estar hablando de un estado de Derecho. Si el Gobierno incumple con la ley, tampoco puede exigir su cumplimiento a los gobernados.

Las promesas del Congreso de la República para legislar sobre compensadores sociales son sólo eso: promesas y dados sus antecedentes, a los diputados no se les puede creer. Esos compensadores sociales debieron legislarse antes y no después.

Un ejemplo de la falta de palabra de los diputados, es la modificación a la Ley Electoral en 90 días, cosa que no ocurrió. Y eso de hablar sobre compensadores sociales implica un reconocimiento tácito de que el TLC no es lo que el presidente de la República quiere hacer creer.

Reitero que mi punto de vista es que se cumpla con la ley nada más. El fortalecimiento del estado de Derecho no es una opción; sino una obligación gubernamental. Ahora bien, la opinión de que el resultado de una consulta es previsible porque existe un sentimiento anti gringo es una consideración política; pero no jurídica.

De manera semejante es decir que el TLC es un tema técnico, no político y por eso no procede la consulta. Es sabido que los diputados como “representantes del pueblo”, así como sus “representados” conocen muy poco del contenido de ese tratado y con más razón, se justifica esa consulta. Por último, pensar que una consulta de este tipo requiere un alto costo económico, no justifica pasar sobre la Constitución.

Q’ALAJISABAL: en mi artículo del sábado pasado se publicó la frase “no hablar inglés es una vergüenza”, cuando debió ser “no hablar inglés no es una vergüenza”. Aunque creo que se entiende por el contexto, hago esta aclaración. XATA BA kape jun che uch’axik chwe!

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