¿Dónde queda la consulta?


Lo que se calla a conveniencia, es que el Gobierno es el primero en incumplir con la ley.

Después de los hechos violentos en Los Encuentros y donde falleció uno de los vecinos, no han sido pocas las voces que se han alzado para exigir el estricto cumplimiento de la ley.

Se dice que para que exista un auténtico estado de Derecho la ley debe aplicarse nos guste o no. Asimismo, que los responsables de esos hechos son la empresa que no sabe informar, el Gobierno que no sabe conciliar y los manifestantes que fueron “manipulados” o que no entienden el beneficio que recibirán sus comunidades, etcétera.

Lo que se calla a conveniencia, es que el gobierno de Berger es el primero en incumplir con la ley. Conforme al artículo 15 del Convenio 169, que está vigente, “los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en la medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.

Hasta donde yo sé, este tipo de consultas nunca se han realizado en Guatemala y eso mismo obligó al gobierno de Portillo, en el 2002, a dar marcha atrás a la exploración y explotación petrolera en Izabal.

Por lo que se ve, existe la percepción que la ley debe aplicarse irrestrictamente cuando va dirigida, y como en este caso, contra de los intereses de los pueblos indígenas. En cambio, cuando se trata de exigir el cumplimiento de la ley que obliga a una consulta a esos pueblos, la ley se obvia.

En otras palabras, la ley se debe cumplir cuando se trata de proteger determinados intereses, pero no cuando se trata del derecho de los pueblos indígenas.

Aquí no estamos hablando si la explotación minera es buena o no. Estamos hablando de la invocación parcializada para cumplir con las leyes del país.

Si el gobierno de Berger viola la ley, ¿con qué derecho se exige que los gobernados la cumplan? De aquí que el principal responsable de los hechos violentos de Sololá, es el Gobierno que anda más preocupado en proteger intereses empresariales antes que cumplir con la ley.

Por supuesto que el medio utilizado por los manifestantes no era el más idóneo, ¿pero acaso quedaba otra alternativa para ejercer la legítima defensa de sus derechos garantizados por la Constitución? Para sellar la defensa empresarial, Berger con su acostumbrada torpeza al hablar, aludió al obispo Ramazzini y le reclamó no ir a defender el estado de Derecho que él mismo y su equipo de gobierno no respetan.

A propósito de esto último, las respuestas del obispo Ramazzini dadas ayer en una entrevista radial, fueron contundentes. ARE K’UT WA NUCH’ATEM

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