Idiomas nacionales (•)


La ratificación del idioma oficial de Guatemala, limita de tajo la libertad lingüística de los pueblos indígenas.

En vísperas de la reunión con el Grupo Consultivo, el Congreso de la República emitió la Ley de Idiomas Nacionales. Con esta ley se tuvo la intención de cumplir con uno de los puntos de los Acuerdos de Paz y en especial con el Acuerdo Indígena que habla de la promoción de los idiomas indígenas.

Esta ley, aunque trae cosas interesantes, escamotea el compromiso de oficializar esos idiomas y es un sucedáneo a uno de los temas contenidos en la fracasada reforma constitucional en la que los que votaron, se opusieron en parte a reconocer legalmente lo que es este país y principalmente, al manoseo de esos Acuerdos que hizo el Congreso de aquel entonces.

La ley de idiomas nacionales comienza con la ratificación de que el español es el idioma oficial de Guatemala, con lo cual se reitera la imposición lingüística que existe en el país y coarta la libertad lingüística de los pueblos.

Esto no es extraño, considerando los principios colonialistas que rigen a Guatemala. Esa imposición no hace más que acentuar la exclusión en la que se fundamenta el Estado guatemalteco.

En otros momentos he dicho que a los mayas nos iría mejor que el idioma oficial fuera el inglés porque en ese idioma están escritos muchísimos de los mejores textos literarios, históricos, astronómicos y de la cultura maya en general.

Incluso, a la fecha, la mejor traducción del Popol Wuj, está publicada en inglés. Y es que el país, ideológicamente, continúa funcionando como a principios del siglo pasado cuando se decía que el estudio de la invasión y período colonial correspondía directamente a los guatemaltecos, mientras que el estudio de la cultura maya “pertenece a la humanidad”, es decir a los extranjeros.

En el artículo 8 de la nueva ley se habla de que esos idiomas “podrán” ser utilizados en las comunidades que correspondan, mientras que en los siguientes artículos se habla de un “deberán”.

Esta opción va a terminar como otras normas que nadie cumple, comenzando con el mismo Estado. Para poner dos ejemplos, ahí tenemos el Convenio 169 casi en el olvido y el artículo 142 del Código Procesal Penal.

Si esto no va a ser así, ya estaríamos viendo a las universidades empezar a preocuparse por implementar políticas de enseñanza en los idiomas indígenas donde se ubican sus respectivas sedes regionales, al sector justicia cumpliendo con la ley, etcétera. (Continúa).

SIK’INEM. Kinsik’ij ba ri qachalal kechakun, ketz’iban pa taq qachabal che utzijoxik ri taqanik ri’. We man qanut ta qana’oj, qachiq’ab man kaban ta ri taqan chi ke ri ajtinamital winaq. Man kinkajmaj ta ri taqanik; necher k’o ka’ib oxib tzij chi kuya’ qatoqij che usuk’umaxik jutz’it ri uk’aslemal taq qachabal.

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